La Municipalidad de Paso de los Libres denunció penalmente este viernes a un empresario por violación del Aislamiento Social Obligatorio y amenazas, en un escándalo en el que el acusado habría obligado a sus empleados a asistir a su empresa pese al riesgo de contraer coronavirus.

El empresario Fernando Gregorieti, del rubro corralón de construcción, está acusado de haber violado las disposiciones de la gestión del intendente Martín Tincho Ascúa; del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; y del presidente de la Nación, Alberto Fernández. En distintos decretos y resoluciones, todos ellos establecieron las restricciones del Aislamiento Obligatorio para evitar contagios de Covid-19 y no poner en riesgo la salud de la población.

El hecho denunciado ocurre cuando Paso de los Libres registra 35 casos acumulados de coronavirus, todos de pacientes activos, además de un fallecimiento por la misma enfermedad registrado este viernes 31 de julio. Libres transitó más de cuatro meses de pandemia sin registrar Covid-19, pero la semana pasada se confirmaron los primeros.

En casi una semana de Aislamiento de catorce días, que terminará el 8 de agosto, la gestión de Tincho Ascúa recibe un alto acatamiento a las medidas de prevención por parte de la población de Libres, por lo que el caso de este empresario denunciado fue escandaloso cuando la ciudad ya se encontraba con comercios cerrados y calles vacías.     

Con la asesora letrada, María Luciana Leonardi, el Municipio formalizó dos denuncias penales, una en la Justicia provincial y otra en federal, contra el empresario Gregorieti, propietario de la firma El Faro, por un hecho violento ocurrido el miércoles 29 de julio en la ciudad de Paso de los Libres.

Las denuncias acreditan que un inspector municipal y la Policía de Corrientes fueron amenazados cuando llegaron al local de Gregorieti para clausurarlo porque estaba abierto, atendiendo al público, con varias personas adentro, es decir, trabajadores y clientes. Además, que el dueño de la firma violó otra vez las restricciones de cuarentena que imperan en la ciudad cuando abrió su local a las pocas horas de haber sido clausurado y con el agravante de tener en empleados en actividad en el mismo lugar.  

Una de las denuncias señala textualmente: “Que al acercarse Héctor Bonfis (inspector municipal) a la puerta a efectos de informar al supuesto propietario del procedimiento (de clausura) a llevarse a cabo, desde el interior del mismo, el señor Gregorieti procedió a vociferar insultos de todo tipo hacia el personal municipal y policial. A continuación, una persona del sexo femenino que no se identifica procede a continuar con los insultos y a amenazar a los funcionarios presentes. Acto seguido el agente municipal procede a labrar acta de clausura, colocando las respectivas fajas en las puertas de acceso al local comercial y al depósito. Todo, ante la presencia del Oficial Ayudante Juan Carlos Medina y demás funcionarios policiales”.

Pero, además, el empresario también fue denunciado por haber quitado las fajas de clausura y volver a abrir las puertas de su comercio, con más empleados en el lugar, a las pocas horas de ser notificado de que no podía seguir con su local abierto. “Que posteriormente, siendo las 16.20 del mismo día 29 del corriente mes, en oportunidad en que el mismo agente Bonfis hacía su recorrida por ese sector de la Ciudad, observa que el mencionado comercio se encontraba con sus puertas abiertas, habiéndose arrancado las fajas de clausura. Que al bajar al lugar se percata, que en el interior había personas trabajando; personas retirando mercaderías y otras personas descargando un camión”.

Las presentaciones penales contra Gregorieti indican que “dicha conducta importaría la presunta comisión del delito previsto y penado por el artículo 205° del Código Penal que expresamente prevé: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Además del 205 del Código Penal, una de las denuncias contra el empresario también señala la comisión de otros delitos: “Desobediencia a una orden emanada de autoridad competente y amenazas, previstos y penados en por los artículos 239º; 149 bis y 149 ter del Código Penal, en concurso ideal y real (artículos 54º y 55º del Código Penal)”.

Las denuncias fueron presentadas ante el juzgado Federal de Paso de los Libres y el juzgado de Instrucción de la Provincia en la misma ciudad. Es la primera presentación penal que sea realiza por delitos vinculados a la cuarentena.